Congreso Ideologico del Partido Colorado

NUESTRO COMPROMISO REPUBLICANO

35 reformas republicanas para construir, nuevamente, un pequeño país modelo

La base de este documento elaborado por Manuel Flores Silva fue publicada por la revista Arena en 2010; esta versión se repartió entre compañeros colorados el 20 de agosto de 2011 y días después se le entregó a la Secretaría 7, República, donde luego el autor fue invitado a exponerlo. En la primer quincena de noviembre se presentará al Congreso Ideológico el documento final, con bastantes agregados (por lo menos 10 más)

35 REFORMAS REPUBLICANAS

REFORMAS EN LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN EL PODER LEGISLATIVO Y EN EL PODER EJECUTIVO (progreso de la ciudadanía política).

1.- División de Montevideo en 18 distritos para la elección de Diputados.

El llamado “efecto lista” determina que los ciudadanos no sean quienes eligen a los diputados de Montevideo, sino que más de la mitad de ellos son elegidos del tercer lugar de las listas para abajo. Es decir los eligen quienes que hacen las listas y no los ciudadanos, puesto que nadie vota –en una hoja sábana que incluye el senado- por el tercer, cuarto o quinto candidato a diputado. Es por eso que los montevideanos no conocen los nombres de sus diputados. Es necesario acercar al representante con el representado –por lo menos que se conozcan- y que la legitimidad del sistema parlamentario radique en que se elija de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Así se defenderá incluso el prestigio del Parlamento. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL .

2.- Regionalización del Senado en 7 regiones en el país

En general, en sistemas comparados, los Senados representan jurisdicciones diferentes a los diputados. En Uruguay, los diputados terminan, gracias al tercer escrutinio, representando la proporción nacional, igual que los senadores, de modo que se repiten las representaciones en ambas cámaras. Por otra parte, el centralismo “montevideaniza” al Senado. Es necesario descentralizar el Senado y acercarlo a los ciudadanos. Por eso hay que regionalizarlo, que existan senadores representando a todas las regiones del país al mismo tiempo que su elección dependa de los ciudadanos de cada región del país y no meramente de las cúpulas montevideanas. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.

3.- Sistema proporcional integral en las Juntas Departamentales

En los órganos deliberativos de las Intendencias, las Juntas Departamentales, el sistema electoral le entrega la mitad más uno de los ediles al partido mayoritario y solo el resto de las bancas se divide según representación proporcional. Es un resabio del sistema electoral previo a la reforma constitucional de 1918, la representación proporcional de las minorías o la representación proporcional no integral. Esa mayoría automática en las Juntas Departamentales exagera el poder de los Intendentes y evita un mejor control de su gestión. Debe irse a la representación proporcional integral en todas las bancas de ediles. Las que por otra parte deben ser menos. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.

4.- Descentralización económica y de gestión. Transferencias de tareas y recursos desde el gobierno nacional y desde las Intendencias hacia los municipios.

La descentralización de recursos es la clave de la descentralización misma. Sin descentralización de recursos, la descentralización es una ficción. Se ha avanzado en este aspecto en lo referente a las Intendencias, que tiene recursos propios, pero se está en cero en las Alcaldías. Hay que traspasarle funciones y recursos. Si ello no se hace se va a repetir el fracaso de descentralización montevideana. Es decir, hay dos motores ideológicos de la descentralización: la desconcentración del poder y la mejora de la gestión al acercarla al ciudadano y al contar con su orientación y su control más afinados. Esas son las claves de la democracia local, hoy por hoy el nivel más prestigioso de la democracia a nivel comparado. La experiencia de descentralización de Montevideo ni mejoró la gestión –todo lo importante se sigue haciendo centralmente–, ni desconcentró poder: por el contrario, se generó más poder para apoyar al poder central. La modernidad de la gestión pública necesita más democracia local y más descentralización. REQUIERE LEY

5.- Establecimiento de un sistema de gobierno semipresidencialista, donde además del Presidente, Jefe de Estado, exista un Primer Ministro, Jefe de Gobierno, en encarne consensos nacionales de cambio capaces de establecer políticas públicas de largo alcance.

El presidencialismo latinoamericano ha sido la más de las veces la encarnación del caudillo, sustituto por su parte del todopoderoso virrey colonial. Se adecua frecuentemente a un mercantilismo prebendario propio de concesiones de favor a privados a cambio de fortalecer al caudillo. Ese pacto entre el cacicazgo político y los poderes fácticos económicos se ha escondido detrás del presidencialismo latinoamericano. El presidencialismo latinoamericano es, a nivel comparado en el mundo, el presidencialismo con Presidente más fuerte en cuanto es sobre quién se ejerce menos control. El presidencialismo tiene, de común, dificultad para la formación de mayorías parlamentarias estables –y capaces de hacer reformas profundas- en sistemas multipartidistas como los latinoamericanos. Las coaliciones que se forman son inestables, razón por la cual, se ha propagado en buena parte de la Europa tradicionalmente democrática y en casi toda la Europa antes soviética, el semipresidencialismo, donde por un lado el Jefe de Estado es electo popularmente y el Jefe de Gobierno o Primer Ministro es electo por el Parlamento como representación viva de la coalición que le dará gobernabilidad al sistema. Uruguay entró al multipartidismo hace 15 años y precisa modificar su presidencialismo. Las coaliciones en el presidencialismo son esporádicas y oportunistas. Otorgan gobernabilidad en gotas que no permite grandes cambios. En el semipresidencialismo son comprometidas y capaces de generar políticas públicas de Estado. Hace mucho que Giovanni Sartori lo ha recomendado para América Latina pues promueve la cultura y el compromiso de las coaliciones dándole estabilidad a las políticas públicas. SE REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.

REFORMAS DEL PODER JUDICIAL (progreso de la ciudadanía cívica).

6.- Elección y ascenso de los jueces por concurso.

Lo usual en el mundo, no en Uruguay en que los jueces lo son de designación directa y así también son ascendidos. En algunos países importantes, incluso, los jueces son elegidos por votación popular, como quería Batlle y Ordóñez para los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, según estuvo siempre en el Programa Batllista mientras vivió Batlle. REQUIERE LEY.

7.- Creación de Tribunal Constitucional

Órgano de jerarquía en lo que le es específico, a punto tal que suele poder interrumpir, en algunos países, el mismo proceso de formación de las leyes. Usual en Europa y ya vigente en la región en Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala, etc.. La elección de sus miembros es más exigente, comúnmente, que la de los propios Ministros de la Suprema Corte. El derecho constitucional es un derecho específico que requiere una gestión especializada dentro del Estado. Uruguay se distingue por ser el país que menos declara inconstitucionales leyes en toda la región y, por cierto, no es porque no las haya. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.

8.- Creación de Consejo de la Magistratura

Órgano que rige el presupuesto judicial y la carrera judicial. En otras palabras la administración del Poder Judicial. Junto con la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo suelen formar la cúpula del Poder Judicial. Es usual en Europa y en la región está vigente en Colombia, Argentina, El Salvador, Perú, Dominicana, Paraguay, en cierta forma en Brasil, etc. Este órgano en ningún lugar es sustituido por Ministerios de Justicia, que donde existen no administran el Poder Judicial que debe ser autónomo en una democracia. Una cosa es redactar las sentencias judiciales y otra cosa es la administración de Poder Judicial: requieren expertizajes diferentes. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.

9.- Salas especializadas entre los Ministros de la Suprema Corte de Justicia

El promedio de Jueces en las Supremas Cortes de Justicia de América Latina es de 16 miembros (además de las Cortes Supremas de las provincias o Estados donde hay federalismo por el gran tamaño de los países, de manera que se repiten las instituciones que encabezan al Poder Judicial). Ello ocurre porque las SCJs funcionan en salas especializadas de civil, penal, laboral, familia, etc. Es decir, la cúpula de los poderes judiciales -sin contar con los organismos de Contencioso Administrativo- en América Latina tiene alrededor de 30 Ministros (Suprema Corte más Tribunal Constitucional más Consejo de la Magistratura). En Uruguay, solo 5. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.

10.- Separación de los Fiscales de su dependencia del Poder Ejecutivo

No hay ninguna democracia de América Latina donde exista la barbaridad de que los fiscales dependan del Poder Ejecutivo como en Uruguay. En 9 de los 18 países el Parlamento elige al Fiscal de Corte sin que el Presidente participe de modo alguno en el proceso de selección y elección del Fiscal de Corte. En sentido contrario, la pasada administración instauró al interior del Ministerio de Cultura entidades de control de los fiscales. La modalidad uruguaya viola la separación de poderes en el proceso judicial. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.

11.- Modificación garantista del sistema penal acusatorio propuesto.

Juicio oral, Juez neutral que no ha participado en la indagación, iguales derechos del fiscal (que investiga bajo control de un juez de garantías) y de la defensa, determinan una Justicia más ecuánime y más rápida. La propuesta uruguaya, la que ya es ley suspendida y la propuesta actual que instaura este procedimiento, adolece de falta de garantismo pues mientras los fiscales dependan del Poder Ejecutivo no hay garantismo posible. Los casos de sistema acusatorio y oral en Chile, Perú y Colombia se han desarrollado con éxito, basándose en la independencia de fiscal y en la existencia de un juez de garantías además del juez de la causa. Han logrado, por ejemplo, que solo una cuarta parte de los detenidos no tengan sentencia, al revés que en los demás países en que tres cuartas partes de los detenidos no tienen sentencia. REQUIERE LEY

12.- Creación de la Policía Judicial

En Uruguay se confunde los roles policiales de auxiliar de la justicia y guardián del orden. La especificidad de la primera tarea requiere una Policía especial particularmente en determinado tipo de delitos. REQUIERE LEY

13.- Creación de Jueces de Cárceles o de Ejecución.

REFORMAS PARA LAS GARANTÍAS CIUDADANAS. (progreso de la ciudadanía cívica).

14.- Defensor del pueblo

Su función es garantizar la vigencia de los derechos y libertades de los ciudadanos. Existe en 16 de las 18 democracias de América Latina, en una se está instaurando y solo falta Uruguay. Rige en buena parte de Europa. En todos los casos ese instituto está en la órbita del Poder Legislativo, salvo en Colombia en que depende del ministerio público independiente y es elegido por el senado de una propuesta de la Corte Suprema de Justicia. Esta institución se encarga de que se respeten realmente los derechos ciudadanos y los derechos humanos, caso a caso. REQUIERE LEY (o reforma constitucional)

15.- Reforma de las leyes de Acceso a la Información (ley Nº 18.381), de Habeas Data para la protección de datos personales, (Ley Nº 18.331) de Tecnología de la Información y del Conocimiento (Ley 18.362) y Promoción y Defensa de la Competencia (Ley 18.159) para darles mayor autonomía y hacerlas cumplir el rol que les cabe en el moderno garantismo.

El Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (3 miembros), el Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (3 miembros), el Consejo Directivo Honorario de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) (5 miembros) y la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (3 miembros), son todos ellos, los 14 nombrados por el Poder Ejecutivo. Por su propia naturaleza -y el nuevo orden garantista que se está creando en el mundo- estos órganos tienen que tener autonomía total, presupuesto independiente y velar por sus cometidos vigilando para empezar al Estado. Son cargos que tienen que tener venia del Senado, jerarquía institucional y figurar en la órbita de otros poderes que el Ejecutivo (Legislativo o Judicial) o ser independientes de todo poder, pero jamás dependiendo de la Presidencia de la República como en el presente. Justamente, estos órganos tienen que controlar al Poder Ejecutivo y ningún orden republicano puede poner al controlador bajo la órbita del controlado. En estas instituciones que forman parte de los nuevos Poderes Garantistas Emergentes tienen que haber directivos designados por el Parlamento, por el Poder Judicial, por iniciativa del área académica, del sector privado y de la sociedad civil a través de propuestas que pasen todas por el Poder Legislativo y sus mayorías especiales. Además de no tener autonomía, al contrario de lo que es de orden en el resto de América Latina, se establecen en estas leyes algunos elementos que las hacen restrictivas. Por ejemplo, en la ley de acceso a la información se incorporan reservas amplias de información no accesible durante 15 años, prorrogables ad infinitum. En general las reservas de información no accesible se limitan a temas de seguridad nacional. La ley uruguaya agrega bajo reserva todo lo que pueda “Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país”. Es decir, cualquier cosa tiene reserva y no se brinda al ciudadano. Por otro lado, los tiempos previstos de aplicación de la ley para la implementación de sitios web por parte de todas las oficinas del Estado, la clasificación de la información, la desclasificación de la misma -todo lo cual debería estar pronto en octubre de 2010- se retrasó cinco años por parte de la actual administración, eliminando las sanciones a quienes no cumplan con la ley. La ley de acceso a la información eliminó, también, entre los sujetos obligados a dar la información a las empresas privadas concesionarias de un servicio público, las cuales estaban incluidas lógicamente en el proyecto original que manejó el Parlamento. REQUIERE LEY

16.- Consejo de la laicidad.

La recuperación de una educación laica es un requisito republicano básico. Deben crearse instituciones de la más alta jerarquía, con venia del Senado incluso para elegir sus directivos, que vele por una enseñanza respetuosa de las diferentes vertientes de ideas que existen en el país. La enseñanza debe ser un campo ajeno a las luchas partidarias, tal como lo fue en el país del éxito, que construyó a través de los pesos y contrapesos de la república el Estado del Bienestar. Es obvio que falta el contrapeso institucional al desborde de la partidarización política de la educación. Ese Consejo tendrá que ver con la garantía laica en los programas, en los textos y en la actuación de los profesores y maestros. La laicidad del Estado debe formar parte del consenso nacional básico entre los partidos políticos. REQUIERE LEY

REFORMAS PARA LAS GARANTÍAS CIUDADANAS (progreso de la ciudadanía social)

17.- Jerarquización de las entidades reguladoras (URSEC, URSEA, etc.).

Estos órganos son fundamentales para la democracia actual. Son los que arbitran precios y calidades entre los productores y concesionarios de servicios públicos y los ciudadanos. Al establecer precios y calidades dirimen qué renta va al productor o concesionario de los servicios y qué renta deriva en mejores precios y calidades. Son entidades básicas para que la democracia no acumule rentas en pocas manos sino que distribuya rentas y poder a favor del ciudadano. La calidad regulatoria chilena, por ejemplo, explica buena parte de la notable baja de la pobreza en ese país en los últimos 20 años.

En realidad en América Latina existe muchas veces más mercantilismo (alianza entre el virrey, caudillo, Presidente o Ministros con un concesionario, en beneficio de ambos para hacerse de la mayor parte de la renta y confiscar así precios y calidades al ciudadano) que capitalismo regulado (como en los países desarrollados). Se necesita pues un Poder Regulador muy fuerte para terminar con la alianza entre poder político y poder económico privilegiado en contra de los ciudadanos comunes. El capitalismo central se apoya en estas entidades reguladoras para ser distributivo. Que la economía de competencia sea transparente y no se ampare en los mil mecanismos que existen para hacerla opaca. El capitalismo perisférico no le da fuerza a esas entidades reguladoras, por eso no es distributivo. La tendencia actual en Uruguay, sin embargo, ha apuntado a debilitar el poder de las entidades reguladoras. Cuando las regulaciones son malas el ciudadano paga la cuenta y particularmente el ciudadano de menos recursos. Los servicios son caros y de baja calidad. Esto afecta más a los tomadores básicos de servicios públicos, a los ciudadanos menos pudientes. Una mala regulación no es otra cosa que una transferencia de dinero de los ciudadanos con menos recursos a las empresas más pudientes. El fortalecimiento de las entidades reguladoras es el único mecanismo para eliminar los resabios mercantilistas y apuntar hacia una economía social de mercado. Es uno de los principales resortes distributivos del mundo desarrollado.

El Poder Regulador está en el centro del republicanismo moderno porque defiende a los ciudadanos de los monopolios privados o públicos así como de todo abuso económico. El poder regulatorio por encima del Estado empresario y por encima del privado empresario, pone las garantías del ciudadano consumidor por arriba de cualquier interés particular. En ese sentido se podrá decir que el desarrollo del poder regulatorio representa un momento en que claramente el concepto de república sobrepasa y se impone sobre el Estado. Las entidades reguladoras son grandes proporcionadoras de información, de los costos reales, de los costos comparados en la región, de los costos comparados en el mundo, de la calidad de los servicios. Deben ser los ojos y los oidos de los ciudadanos. Nos dicen, por ejemplo, cuánto es el costo de las empresas del Estado y cuál debería ser el costo. Miden, en suma, el desempeño de los directores de las empresas públicas.

Sus miembros tienen que tener más jerarquía institucional que la que tienen sus órganos regulados –las empresas públicas, por ejemplo-, por lo menos venia del Senado y total autonomía funcional. En realidad, el sistema de elección de los miembros de las reguladoras debería tener un requisito de mayoría especiales del Senado mayor que el de la designación de Entes Autónomos (que caen bajo la competencia de las entidades reguladoras), así como un sistema de incompatibilidades y de prohibición del ejercicio de la actividad política más severo que los directores de las empresas públicas.

La República moderna ha creado Poderes post Montesquieu y emergentes, básicamente el Poder Regulador, el Poder Garantista (Defensor del Pueblo, Tribunales defensores de la competencia, etc.) y el fortalecimiento del Poder de Contralor o Contralarías de Cuentas. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.

18.- Defensa del ciudadano consumidor frente a las conductas anticompetencia de mercado.

Evitar la competencia es una actitud empresarial frecuente que perjudica los precios y las calidades de los productos que se le ofrecen al público. La mejor competencia beneficia a los ciudadanos y evita que agentes con poder de mercado, individual o conjunto, perjudiquen dicho interés público atentando contra la libertad económica de terceros. Así, entre otras conductas, se debe prevenir a la economía de Abuso de posición dominante, de las Restricciones a la competencia, de la Competencia desleal, de las Operaciones de concentración. Las fallas del mercado atacan la libre competencia, por ejemplo, el reparto de mercado, las limitaciones de la producción, el reparto de cuotas de producción, las licitaciones colusivas, abandono de los estándares de calidad, incumplimiento de las coberturas y penetraciones acordadas para los servicios básicos, imposición de barreras a la entrada de nuevas empresas a un mercado dado, acuerdos o carteles entre competidores para fijar precios, fusiones dominantes.

Hay dictada una ley sobre el punto, pero mucho más tímida que las que hoy se instauran en el mundo. En Chile, por ejemplo, existe la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Competencia que directamente dirimen judicialmente sobre los casos de violación de la competencia mediante fuertes sanciones que pueden alcanzar hasta los 20 millones de dólares. Ese es el camino institucional. REQUIERE LEY

19.- Reforma educativa

Deberá procederse a reformas institucionales que permitan nuevos modelos de gestión y descentralización territorial de la gestión. Universalización en las áreas necesarias de las escuelas y los liceos de tiempo completo. Nuevos modelos de evaluación. Modelos de calidad educativa. (reformas en la preparación docente, en los textos de estudio y en los programas, en la construcción de la comunidad docente estable por centro de estudio). Modelos de igualación de oportunidades. Políticas especiales (mayores horarios, mayores salarios docentes, alimentación, trabajo liceal pago de los educandos, recuperación permanente) en los centros educativos situados en contextos sociales deficitarios. Educación en valores.

REFORMAS EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA. (progreso de la ciudadanía social).

20.- Creación de un Departamento de Asuntos Internos en la Policía Nacional con importante cantidad de Policía Ejecutiva.

En toda Policía donde no exista Asuntos Internos eficaz, existirá corrupción policial, la cual perjudicará no solo a la población sino también a la Policía honesta convirtiendo a la institución no en auxiliar de la Justicia sino en auxiliar del delito. No es posible, por ejemplo, que todo el barrio –en todos lados- sepa donde están las bocas de venta de pasta base y la Comisaría no lo sepa. REQUIERE DECRETO O LEY

21.- Desarrollo de políticas públicas de envergadura en cuanto la Policía de Proximidad y a la Saturación Policial en zonas de alto índice delictivo.

Estas políticas están en el abc de la seguridad pública. El delito se ha disparado en los últimos años y las políticas públicas que el país desarrolló con éxito hace 90 años, como las mencionadas, no aparecen. La proximidad deberá recurrir a las terminales, kioscos policiales o subcomisarías, así como a los modernos sistemas de cámaras distribuidas por la ciudad como se está implantando en todas las capitales importantes, aún de nuestra región. La saturación no puede ser algo puntual que pasa cada muchos años. Las comisarías, según el criterio que se desarrolló en los años 20 deben estar en los lugares donde se genera el delito. Es indispensable crear 50 comisarías en los barrios marginados. La policía debe saber más de los que delinquen que de las víctimas, situación a la que induce el mapa de comisarías actuales. Como hace 90 años, se debe diseñar el aparato geográfico policial según el mapa donde se origina el delito.

22.- Instituto de Rehabilitación de detenidos

El país abandonó una política de rehabilitación de detenidos real desde la gestión de 40 años de Juan Carlos Gómez Folle. Esto es un tema presente en todo programa político, acuerdo nacional, seminario de ONG, pero el Estado no sabe como hacerlo. El país del éxito lo hice mediante “la guardia blanca”, es decir la intensiva educación en oficios.

23.- Instituto de Rehabilitación de Adictos.

No existe una política pública estatal contra la principal enfermedad actual de los ciudadanos –las adicciones a diferentes estupefacientes, principalmente la pasta base- y la que más impacta sobre el resto de los ciudadanos. Es una omisión inentendible. Obviamente no todos los casos son similares, pero frecuentemente un ciudadano con hambre, con frío, con marginación social, familiar y educacional recurre al estupefaciente para mitigar su hambre, su frío, su exclusión y ello lo inserta en un ciclo que lo destruye y lo convierte en una amenaza para la sociedad. La rehabilitación es larga y costosa, pero el Estado no puede estar ausente a un problema que afecta a decenas de miles de ciudadanos y que está creciendo.

REFORMAS POR LA TRANSPARENCIA PÚBLICA. (progreso de la ciudadanía cívica).

24.- Junta anticorrupción fuera de la órbita del Poder Ejecutivo.

En Uruguay absurdamente depende del Poder Ejecutivo -el fiscalizador depende del fiscalizado- y tiene poco poder de hecho y de derecho. Hay que sacar a la llamada Junta Anticorrupción de la órbita del Poder Ejecutivo para que sea eficaz realmente y su nombramiento debe requerir venia del Senado. Se deben modificar las condiciones actuales según las cuales la Junta no puede recibir denuncias ni puede investigar. REQUIERE LEY

25.- Más poder al Tribunal de Cuentas.

En toda América Latina el fortalecimiento de los órganos de contralor de las cuentas públicas es tal que cabe incluirlo entre los poderes emergentes. En Uruguay se “observa” por ilegales, entre otras causas, miles de casos por año, pero el Poder Ejecutivo “reitera el gasto” y la Asamblea General no se reúne nunca a dirimir los casos. Antes, por lo menos, las “observaciones” de gran cuantía se atendían. Ahora no, se reitera el gasto aunque se trate de centenas de millones de dólares. Los fallos del Tribunal de Cuentas no pueden ser ignorados, sencillamente. Es necesario que el Tribunal de Cuentas sea más autónomo, asimismo, del poder político. En Colombia, los Ministros del Tribunal, por ejemplo, son elegidos por el Parlamento de una lista de candidatos presentados por el poder judicial. REQUIERE LEY

26. Control público a través del Tribunal de Cuentas de todas las sociedades anónimas donde participe el Estado así como de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. REQUIERE LEY.

27.- Reforma de la ley de financiamiento de los partidos.

Las leyes de financiamiento de los partidos en todos lados establecen, para evitar la corrupción, y para lograr la independencia de los partidos respecto de los grandes grupos económicos, el control de los aportes privados a los partidos. Es un sistema. 1.- La donaciones tienen que ser limitadas en la cantidad, 2.- ser nominales y no anónimas, 3.- ser públicas y no reservadas, como toda la contabilidad de los partidos 4.- estar auditadas públicamente y 5.- que haya severas sanciones a la violación de la normas. Además las leyes de financiamiento de los partidos establecen de común el otorgamiento a los partidos de publicidad gratuita en los medios audiovisuales durante la campaña electoral, reglada con criterios tales que hacen innecesaria la contratación privada de los candidatos en los medios audiovisuales. En Uruguay la ley no cumple con ninguno de los 5 requisitos mencionados, ni tampoco con la publicidad gratuita, convirtiendo cualquier comicio en una oportunidad de compromisos entre los dirigentes políticos y los grandes poderes económicos y audiovisuales. La publicidad gratuita en espacios centrales y abundantes rige en países que representan el 85% de los ciudadanos de América Latina (México, Argentina, Brasil, España). La prohibición de publicidad privada en los medios audiovisuales rige en países que representan el 70% de los ciudadanos de América Latina. En 14 de las 18 democracias de América Latina la ley establece sanciones pecuniarias a los partidos que infrinjan la ley de financiamiento. En 9 países las sanciones alcanzan también a los candidatos. En 6 países las sanciones involucran a los donantes. En 8 democracias la ley establece específicamente sanciones penales. La transparencia política, en suma, debe ser una construcción institucional. La legislación uruguaya es la que menos aprobaría, por ejemplo, los estándares legales exigidos por la Comisión europea de fiscalización de las legislaciones sobre financiamiento de partidos. SE REQUIERE LEY.

28.- Más poder a las Comisiones Investigadoras del Parlamento.

El arco de control social del poder está integrado más modernamente, entre otros, por la Justicia, la prensa, los poderes autónomos (tribunales de cuentas, el defensor del pueblo, las entidades reguladoras), las comisiones investigadoras de los parlamentos. En Uruguay todos esos actores están debilitados, sin embargo. El legislador sostuvo siempre que no era necesario dotar de más poderes a las Comisiones Parlamentarias de Investigación, puesto que los demás actores del arco de contralor social eran fuertes. Ahora no solo ellos se han debilitado sino que los mecanismos de corrupción se han sofisticado, por lo cual es necesario que esas Comisiones Investigadoras parlamentarias tengan presupuesto propio, capacidad de obligar a la concurrencia de los testigos, investigadores profesionales, etc.. SE REQUIERE LEY.

29- Servicios de Inteligencia controlados por el Parlamento.

Actualmente se ha concentrado en un solo cargo la dirección de todos los Servicios de Inteligencia del Estado. Además, el actual gobierno ha sostenido que quién ocupe ese cargo no debe rendir cuentas ni siquiera al Poder Ejecutivo que integra. Un poder descontrolado asume así poder para inmiscuirse en la vida de todos los ciudadanos, en una óptica antirrepublicana de sociedad controlada por un controlador no controlado. Por el contrario ese cargo debe tener venia legislativa en su nominación y debe rendir cuentas regularmente ante el Parlamento que deberá crear una Comisión de seguimiento de sus actividades. Así es en el mundo desarrollado. REQUIERE LEY.

30.- Autonomía de la Dirección de Estadísticas y Censos.

No puede depender del Poder Ejecutivo una oficina que le debe a la sociedad y a la economía datos que le son vitales y que nada pueden tener que ver con las necesidades de propaganda gubernativa. REQUIERE LEY.

31.- Autonomía de la Oficina de Servicio Civil.

Los ingresos a la administración solo deben ser por concurso. Para que ellos sean serios deben centralizarse los concursos de todo el Estado en la Oficina que corresponde, la que deberá brindar las garantías necesarias. Deben eliminarse gradualmente, asimismo, la mayoría de los cargos de particular confianza, puesto que ha habido abuso en ese campo en detrimento de la carrera pública profesional. La política debe ser pues de derogación de los cargos de confianza política y sistemas garantistas de ingreso a la función pública. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.

32. Autonomía de la Auditoría Interna de la Nación.

El órgano estatal de control de organismos públicos y de sociedades anónimas debe tener autonomía respecto del Poder Ejecutivo (venia del Senado, etc) puesto que el mismo tiene preeminencia en los organismos públicos –nuevamente que el controlador no dependa del controlado- así como no es bueno que sea el Poder Ejecutivo el que tenga el control de las sociedades privadas.

33.- Legislación que ampare y desarrolle las organizaciones de la sociedad civil, actor fundamental en la canalización de intereses en la sociedad actual y en la transparencia pública..

Hoy la lógica deliberativa en el seno de la sociedad encuentra nuevos espacios. La llamada sociedad civil organiza activismo social en áreas como la defensa de los derechos del consumidor, de la mujer, de la conservación del medioambiente, de la defensa social contra la corrupción, de la mejora del nivel de vida de los ciudadanos, del acceso a la justicia, de la mejora de la educación, etc.. Además, claro está, de su tarea central en las políticas sociales del país. En buena parte de Latinoamérica, además, vigila el cumplimiento presupuestal, monitorea las compras públicas, fiscaliza el cumplimiento de las promesas electorales, etc. En suma, en la sociedad moderna, la sociedad civil ha pasado a formar parte esencial del arco de control social del poder integrado, entre otros, por la Justicia, la prensa, los poderes autónomos (tribunales de cuentas, el defensor del pueblo, las entidades reguladoras), las comisiones investigadoras de los parlamentos, etc..

Los Partidos en una democracia tienen el monopolio de la voluntad política de los ciudadanos. Pero los Partidos modernos tienen que ser permeables a este nuevo sujeto social. La organizaciones de la sociedad civil instalan más fuertemente el valor de la rendición de cuentas, que no es solo económica, sino, por ejemplo, de evaluación de promesas y cumplimientos, etc.. De lo que se trata es de acostumbrar al gobernante al control social en el marco de una cultura de rendición de cuentas.

Así, la sociedad civil comienza a participar en campos más decisorios de la vida pública. Por ejemplo, en la elaboración de la lista de candidatos posibles para integrar órganos de importancia institucional (Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, Tribunal de Cuentas, etc.) participan algunas entidades la sociedad civil proponiendo sus candidatos (Colegios de Abogados, Consejo de Decanos de las Facultades de Derecho, etc.), así como lo hacen en mayor medida, naturalmente, las entidades estatales (los propios órganos existentes, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y por supuesto el Poder Ejecutivo y el propio Parlamento). De la lista total el Poder Ejecutivo, por ejemplo, elige tres de ellos y los remite al Parlamento y este elige uno por mayoría especial. Se trata así de despartidarizar la elección de algunas instituciones claves en el Estado.

La cultura de rendición de cuentas lleva por ejemplo a la Televisación en Directo de las instancias institucionales. Así por ejemplo en Perú se televisan las sesiones del Consejo de la Magistratura cuando eligen jueces de Tribunales o en México se televisan las sesiones regulares de la Suprema Corte de Justicia. En algunos lados se televisan las sesiones parlamentarias, también. La tecnología está al servicio de acercar las instituciones al ciudadano. REQUIERE LEY.

LA REFORMA DEL ESTADO.

34.- Derogación de coordinadores departamentales. REQUIERE LEY

35.- Prohibición de que los Directores de empresas públicas puedan acceder a cargos de elección popular hasta 10 años después de terminado su mandato. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL