Hacia un Estado moderno, garante del desarrollo ciudadano
Consideraciones generales
El Estado debe contar con una estructura organizacional adecuada, que le permita cumplir eficaz y eficientemente con sus obligaciones y aprovechar los beneficios de la vida en comunidad, para que los ciudadanos alcancen el bienestar individual, contribuyendo en el fortalecimiento del bien común.
La función del Estado es un tema que estaba ya en cuestión en la región cuando la crisis económica mundial la puso más en valor. Tanto la causa de la crisis económica global así como la resolución de la misma ha generado nueva reflexión respecto del mismo, todo respecto de lo cual el Partido no puede quedar ajeno.
En primer término se ha visto que una clave está en la buena o mala articulación de lo público y lo privado.
En segundo término, el tamaño excesivo del Estado revierte en un exceso de presión fiscal que desestimula la actividad privada. Lo que pone en valor todo el tema de definir cuál debe ser la estructura organizacional del Estado. Para ello, la descentralización cumple un rol clave.
La eficiencia de la función pública pasa por la profesionalización de la carrera del funcionario, la reducción de los cargos de confianza, las incompatibilidades de la función pública con las candidaturas políticas, entre otros aspectos que se deben considerar y remarcar como base ideológica de la colectividad.
Algunos puntos sugeridos para guiar la discusión
• Articulación de lo Público y lo Privado
• Descentralización
• Autonomía de las Instituciones de Contralor
• Profesionalización de la Función Pública
• Racionalización de Cargos de Confianza y el rol de éstos.
• Incompatibilidades en la Función Pública
La reciente carta del exfuncionario de la OPP izquierdista, Conrado Ramos, no hace mas que descubrir de que forma se mueven los tentaculos del poder de turno para destrozar las carreras de aquellos que osan hablar en contra del statu quo..Malisimo ejemplo para la democracia y la republica..Igualmente no dejemos de considerar un comentario que realiza este Sr. acerca de la falta de profesionales en los puestos jerarquicos para ser sustituidos por personal de confianza, que aportara de sus sueldos para las arcas del partido. Interesante situacion para analizar y combatir!!!
Estimados integrantes de esta Secretaría Técnica, gestores del Nuevo Partido Colorado, en momentos en que se cumple con la finalizacion de las Tareas y la confeccion de los documentos finales es bueno preguntarse cuanto de los ideales de Don Fructuoso Rivera y de Don José Batlle y Ordoñez han sido plasmados en ellos. Seguramente habran encontrado la necesidad de actualizar muchos de ellos, pero seguramente hay otros que habran encontrado inamovibles, eternos para mantener la esencia del Partido, escudo de los débiles. Los felicito por su tarea. VIVA EL PARTIDO COLORADO!!
Ésto también importa/ Que hacer con la reforma del Estado (*)
Por Javier Suárez
Un nuevo año cumple la tan mentada reforma del Estado en Uruguay sin invitados ni pastel. Es cierto que existen algunas iniciativas transformadoras, especialmente en lo que refiere a la descentralización del aparato organizativo del sector público, no obstante, mucho queda por hacer. De una u otra manera, a nadie le puede asombrar la falta de autonomía local en lo que debiera ser un efectivo tercer nivel de gobierno, nacional, departamental, y ahora municipal (Suárez: 2010). Tal vez, la creación de una Universidad en el interior del país sea el esperado augurio a un cambio de rumbo. Ahora, con presupuesto propio y alejado del centralismo capitalino.
Sin embargo, aunque muy importante, la reforma no se agota en la descentralización. En efecto, una vez despejado el manto de neblina es allí donde empieza el problema en una pradera que, en la mayoría de las veces, lejos de la versatilidad y el acompañamiento, solo encontramos cardos y ortigas.
El objetivo de la propuesta no pretende incrustar el pesimismo y la depresión, si, en cambio, valorar que en las políticas de Estado se nos va la vida, además de considerar que lo importante no es sólo el qué reformar sino para qué, cómo y con quién. En pocas palabras: un plan estratégico.
(*) Revisión y adaptación de un trabajo monográfico para la Facultad de Ciencias Sociales (febrero de 2012), opción Licenciatura en Ciencia Política.
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Alternativas de un Estado marcado por la globalización neoliberal
En un artículo de “El País” de Madrid titulado “Muerte y resurrección del Estado de bienestar”, José Luis Puerta, ex jerarca español del Ministerio de Sanidad, da cuenta de las dificultades que tiene el Estado para brindar ciertas prestaciones sociales al borde del colapso. Cuestionándolas por ser gratuitas y de alcance universal, advierte un riesgo eminente de no modificarse su distribución por una más racional y equitativa; vale decir para aquellos que “realmente” lo aprecian y necesitan. Una cosa –remarca el autor– es “garantizar que nadie carezca, por falta de medios, de lo básico, que es algo distinto a dar gratis lo esencial a todos”.
Por tal motivo, reivindica un Estado más flexible de acuerdo a las necesidades de cada ciudadano inmerso en una sociedad heterogénea que no busca soluciones “enlatadas” planificadas por terceros. Se trata, por tanto, en terminar con la entrega de “camisetas de talla única” y estar más atentos a la variedad y calidad de los servicios sociales. (1)
De una u otra manera, mientras la oferta del Estado Keynesiano de Bienestar (EKB) se adaptó a determinadas condiciones de producción, por otro lado, los argumentos de Puerta, cuyos elementos constitutivos han resultado funcionales al sistema posfordista de acumulación, tienen a su favor una mayor flexibilidad productiva a las demandas de un mercado cada vez más variado y competitivo. Dicho lo cual, fue así que el descenso de la productividad y el estancamiento económico del modelo anterior produjeron un cambio de rumbo, lento, heterogéneo, para nada hegemónico ni absolutamente rupturista, pero sí firme y constante basado en la experiencia italiana, sueca, alemana y japonesa (Neffa: 1999; Jessop: 2008, pp.119-139).
Los tradicionales y dominantes paradigmas productivos en su versión norteamericana (taylorismo y fordismo) recogían en su régimen de acumulación capitalista una organización científica y mecanizada planificada desde los establecimientos industriales. Su resultante no podía ser otro que una producción masiva de largas series de productos estandarizados sobre una línea de montaje que requería un trabajo simple, rutinario, parcializado y mano de obra semi-calificada. De nada servía el involucramiento con la empresa, la creatividad, la cooperación o la innovación tecnológica derivada del conocimiento. En su lugar se privilegiaba un relacionamiento vertical cuya disciplina jerárquica y autoritaria desconocía las competencias profesionales de sus trabajadores (Neffa: 1999, pp.77-90).
Desde el último cuarto del siglo XX el énfasis de las experiencias emergentes está puesto en la “producción diferenciada de series cortas de productos heterogéneos”. Un detalle nada menor como la calidad está garantizada por la innovación tecnológica dentro de una extensa red de cooperación y coordinación tendientes a establecer una estructura organizativa horizontal entre los involucrados. Además, desde el punto de vista laboral, se promociona la descentralización del poder, la calificación de los empleados, su actitud polivalente y el trabajo en equipo a efectos de obtener un mayor involucramientos con el “fin de que participen permanentemente para mejorar y hacer más eficaz el proceso productivo”. Se trata, en fin, de “lograr aumentar la productividad, reducir los costos unitarios, mejorar la calidad de los productos, ampliar la gama de variedades y satisfacer a los clientes, fidelizándolos” (Neffa: 1999, pp.109-110).
Así, en la medida que el posfordismo promueve un nuevo régimen de acumulación económica, el mismo, en simultáneo con otras fuerzas de naturaleza muy distintas, actúa de manera autónoma con respecto a los límites establecidos por el Estado nacional. A partir de tales consideraciones no es casual la persistente intencionalidad de las organizaciones internacionales (FMI, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio) en promover la movilidad del capital y el desarrollo tecnológico fuera de fronteras.
Según Jessop el concepto que llamamos globalización, también podría calificarse como internacionalización, formación de bloques regionales, creación de redes de ciudades globales, formación de regiones transfronterizas, transnacionalización. Pero, ¿qué es la globalización?
“Fundamentalmente, es la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costes de transporte y comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimiento y –en menor grado– personas a través de las fronteras”(Stiglitz: 2002, p.45).
Está claro que la globalización no responde a un patrón uniforme y las realidades del “Tercer Mundo” –léase dificultades económicas tuteladas por organismos transnacionales– son muy diferentes a la de los países desarrollados y altamente industrializados, quienes, por otro lado, deben compatibilizar sus propias identidades con las facetas multiculturales de la inmigración. Sin embargo, el resultado es el mismo: una fuerte corrosión a la soberanía estatal, ya sea por la determinista dimensionalidad económica del globalismo, o bien, por la pluridimensionalidad de la globalidad sin la necesaria interacción del quehacer político.
Visto de este modo, la redefinición (política) del Estado nacional soberano implicaría un vínculo con los actores transnacionales a través de identidades y orientaciones particulares dentro de un determinado contexto mundial (Beck: 1998, pp.27-35). No obstante, las primeras reformas de corte neoliberal tendientes a liberalizar los mercados de capital se remitieron a estigmatizar el tamaño de un Estado condenado por todos los males. La aplicación de ciertos reajustes de costes se vieron plasmados a través de tres orientaciones principales: repliegue estatal (ajustes fiscales, [des] regulación económica y laboral, privatizaciones); reforzamiento de la condición policial del Estado; ampliación del alcance de los mercados nacionales e internacionales (Monedero: 2009, pp. 166-167).
Si bien, en una primera instancia, la receta del mercado sin su correlato institucional tuvo una resonante repercusión, pasado el tiempo, no tardó en desnudar sus fallas y debilidades. Fue necesario impulsar ciertos acompañamientos y complementos para la “nueva economía” flexible, globalizadora y del conocimiento (Narbondo y Ramos: 2001; Mayntz: 2001; Peters: 2007; Monedero: 2009; Castells: 1998; Bresser Pereira y Cunill Grau: 1998). La reconstrucción institucional del Estado competitivo schumpeteriano con un fuerte tono “gerencialista”, estrechamente vinculado a los valores de la eficiencia y eficacia privada del paradigma de la Nueva Gestión Pública (Narbondo: 2003), está definitivamente decidido a intervenir a efectos de propiciar las condiciones favorables para el crecimiento económico del nuevo régimen de acumulación y, acoplarse así, al nuevo estilo de regulación.
“La expresión ‘Estado competitivo’ se emplea aquí para caracterizar a un Estado que trata de garantizar el crecimiento económico dentro de sus fronteras y de asegurar ciertas ventajas competitivas para los capitales establecidos dentro de las mismas, aunque operen en el extranjero, promoviendo las condiciones económicas y extraeconómicas actualmente consideradas esenciales para triunfar en competencia con actores y espacios económicos localizados en otros Estados” (Jessop: 2008, p.118).
Dicho lo cual, sólo restan dos opciones: lamentarse de la “omnipotencia” de los mercados financieros internacionales y sucumbir en la impotencia, o bien –en este caso– esforzarse, “ya sea en solitario o conjuntamente con otras fuerzas (incluyendo otros Estados)”, por proyectar sus ventajas competitivas “más allá de sus fronteras políticas con el fin de configurar los espacios transfronterizos [nacionales, regionales o supranacionales] relevantes para la acumulación de capital” (Jessop: 2008, pp.118, 146).
Ahora bien, a pesar de existir ciertas características distintivas que establecen una ruptura, sino del EKB, al menos con su versión de posguerra, como ser la promoción de la competitividad desde la oferta, la subordinación de la política social a las demandas de la economía, el estrecho vínculo entre el Estado y la sociedad civil en sus variantes pública y privada, o bien, el fortalecimiento de la escala global; lo cierto es que la transición fisonómica al Estado competitivo dependerá, en cada caso, de las herencias institucionales del EKB y el fordismo, del equilibrio de fuerzas y de las cambiantes coyunturas económicas y políticas que pautaran las estrategias a seguir (Jessop: 2008, pp.307-329).
En efecto, las transformaciones estatales, entendidas como procesos inevitables e impostergables, no así mecánicos ni automáticos, han sabido permearse de la transfronteriza y pro mercado impronta neoliberal. Esto no significa ignorar la heterogeneidad de las experiencias registradas, y si reconocer, en cambio, la inviabilidad de las reformas radicales y unidireccionales. Los alcances de la reducción de gastos, la re mercantilización y la racionalidad en la gestión obedecerán, en parte, a las distintas realidades que existan –utilizando la tipología de Esping-Andersen– en los “tres mundos” del Estados de Bienestar: liberal, minimizador de los efectos de la desmercantilización y los derechos sociales; socialdemócrata, proveedor de servicios universales, independientemente de la situación en el mercado; y corporativo, con niveles medios vinculados a la clase y al status social (Pierson: 2006).
Con todo, es muy probable que no le falte razón a Rafael Muñoz de Bustillo cuando dice que los cambios en el contexto económico pueden hacer poco atractivas algunas formas de actuación del EKB, “pero de ello no se deduce la imposibilidad del mantenimiento del [re calibrado] EB, si así se decide políticamente y respalda socialmente” (Muñoz del Bustillo: 2000, p. 101). Quizás, el consenso esté en un Estado hibrido sustentado por la combinada capacidad burocrática de la administración pública, las “señales” del mercado y la participación democrática de la ciudadanía (Evans: 2007).
Gobernanza: una amplia manera de gobernar
Desde hace un buen tiempo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mejor conocido por sus siglas en ingles USAID, es la encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar. Siendo un organismo independiente pero muy vinculado al Departamento de Estado ha sabido recibir, también, duras críticas, acusándole de financiar operaciones encubiertas y planes de desestabilización institucional.
En realidad, de los muchos emprendimientos en carpeta, uno de ellos, El Programa Prevención del Crimen, concitó el interés general de Guatemala y en particular de varias organizaciones no gubernamentales como Grupo Ceiba, especializada en capacitación juvenil. “El proyecto promueve alternativas socioeconómicas para prevenir la violencia, pero requieren de la participación ciudadana, del Gobierno y la sociedad civil, con especial énfasis en el sector privado”, señalaron miembros de Usaid (2).
Fueran o no ciertas las acusaciones que pesan sobre la agencia norteamericana, la discusión que aquí importa gira en torno al cómo y el quién brinda la necesaria coherencia y coordinación para llevar a cabo las políticas públicas. Probablemente, la interrogante que en la primera mitad del siglo XX no habría despertado mayores incertidumbres, hoy merece una serena reflexión.
No puede ser una sorpresa para nadie las profundas transformaciones del Estado en las últimas décadas y, por consiguiente, el fuerte cuestionamiento a sus bases tradicionales de poder. Las transfronterizas, privatizadoras y gerencialistas premisas del mercado han colisionado contra el soberano, pero también, monopólico, jerárquico y estandarizado control estatal; al tiempo que, en algunos aspectos de la lucha, han coincidido con las múltiples interacciones participativas de las autónomas organizaciones no-estatales en red (Narbondo y Ramos: 2001).
Las nítidas demarcaciones entre el Estado y la sociedad civil comenzaron a esfumarse, no quedando del todo claro las especificidades de los asuntos “políticos” y “privados”. De hecho, los nuevos movimientos sociales se politizaron utilizando, en parte, los canales de la “vieja política” para el surgimiento de espacios públicos no-estatales: “públicos” porque están volcados a los intereses generales, “no-estatales” porque no forman parte del aparato estatal de la política formal (Offe: 1988; Bresser Pereira y Cunill Grau: 1998).
La gobernanza –dicen Narbondo y Ramos– parte de esa nueva realidad, amplia, heterogénea y competitiva, distinta a la gobernabilidad, para así procesar las decisiones que solucionen los problemas colectivos. Dicho lo cual, sin perder de vista la superación del espacio único y vertical del Estado/gobierno, la gobernanza podría definirse como:
“La capacidad de las sociedades humanas de proporcionarse sistemas de representación, instituciones, procesos, y cuerpos sociales, para auto-gestionarse en un movimiento voluntario. Esta capacidad de conciencia (el movimiento voluntario), de organización (las instituciones, los cuerpos sociales) de conceptualización (los sistemas de representación) de adaptación a las nuevas situaciones es una de las características de las sociedades humanas”(3).
En términos de Bob Jessop, las extremidades del trípode, “jerarquía de mando” del Estado, “anarquía del intercambio” de los mercados y “heterárquica de auto-organización” de la sociedad civil, sin llegar a prescindir absolutamente la una de la otra, cada una ha sabido tener de forma aislada o combinada un determinado predominio coyuntural.
Sin embargo, con las virtudes arribaron las críticas. Con respecto a la propuesta del mercado la principal falla señala que las concretas cualidades del sector privado no producen el mismo efecto en las variables y complejas especificidades del sector público, por el contrario, la eficiencia y transparencia se convierten en ambigüedad y confusión. Asimismo, el modelo de redes carece de la suficiente representatividad y accountability (responsabilidad en la administración pública), respondiendo, en la mayoría de los casos, a los miembros de los sectores específicos y no así a la ciudadanía en general (Narbondo y Ramos: 2001, pp.130-142).
Al fin y al cabo, las fallas y debilidades del mercado y las redes en las últimas dos décadas terminaron aplacando las críticas al Estado central, re-valorizando y re-conceptualizando su modelo burocrático jerárquico en la conducción de los servicios púbicos y bienes colectivos (4).
Así pues, en la búsqueda de una modernización alternativa, representativa de la totalidad de la ciudadanía en aras del interés general, todas las perspectivas están llamadas a intervenir con la firme convicción de que, en última instancia, la estrategia estatal continúa manteniendo un rol decisivo lo que no significa omnipotencia ni autoritarismo. Es en ese contexto donde tiene sentido el concepto de metagobernanza, como gobernanza de la gobernanza.
“Esto es, esa lógica interna, dentro de los tres diferentes ámbitos que articulan la organización social –Estado, mercado y sociedad–, que articule a su vez las interrelaciones, que haga de la autorreflexión un patrón permanente de comportamiento, con el fin de evitar que los intereses propios, tanto en el mercado como en el Estado como en las redes, hagan de esa gestión compartida, de esa ‘coordinación de relaciones sociales interdependientes’ que llama gobernanza, una forma encubierta de nuevo dominio” (Monedero:2009, p.177).
Pese a los “cantos de sirena” para el desmantelamiento o privatización del Estado, las transformaciones del sector público institucional, en paralelo a lo acontecido en el mercado y la sociedad, han procurado mantener, con los vaivenes del caso, un fuerte involucramiento con el proceso de gobernar. Si bien la proyección apunta a los ámbitos locales y nacionales, no es menos cierta e incluyente para la escala internacional.
“La convicción muy difundida de que la globalización no sólo socava la efectividad de la política económica nacional, sino que además fuerza a los Estados de bienestar modernos a desmantelar sus sistemas de seguridad social, no es infundada”. No obstante, “existe el riego “de que se aproveche esta situación para trasladar el peso de la culpa de una política nacional ineficaz a fuerzas externas” (Mayntz: 2001, p.7).
Por lo pronto, lejos de una “gobernanza sin gobierno” a nivel nacional e internacional sería deseable controlar dichas influencias, y en el mejor de los casos interactuar con ellas, delegando, socializando y/o mercantilizando pero, al mismo tiempo, “reteniendo la capacidad de retirar el mandato si ello es necesario” (Guy Peters: 2007).
Mucho más que un aggiornamiento weberiano
En 2009, Conrado Ramos, especialista en asuntos de administración pública, confesó en un artículo de “El País” estar preocupado con la generalizada opinión del Estado donde “da lo mismo hacer que no hacer”. Introdujo el concepto del “juego imaginario de la participación” en donde “los sindicatos hacen como si interviniesen –en la gestión pública– pero sólo están interesados en la mejora salarial, y el gobierno declara estar empeñado en la gestión pero en realidad lo que pretende es desactivar cualquier oposición a un plan que fijó en solitario de antemano”, además, de recordar el articulista la frase que versa “Ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago” (5).
Visto lo acontecido, podría sonar a mero Perogrullo, más no lo es, el hecho de considerar la (re) construcción del específico aparato organizativo del Estado como prerrequisito indispensable para poder llevar adelante sus funciones. Asimismo, de los muchos intentos de modernización, los inconvenientes de la aplicación del paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP) han llevado a desempolvar el clásico aparato burocrático weberiano con claras intenciones de continuar e innovar aspectos de la administración pública (6).
Empecemos diciendo que la administración burocrática es, de todos los tipos de dominación, la más racional lo que conlleva precisión, continuidad, disciplina, confianza y predictibilidad. Dicho lo cual, su legitimidad no puede residir en otro ámbito que no sea la legalidad, la misma que establece la obediencia al soberano por aquel orden impersonal, alejado de la persona en sí, que la ley determina (Weber: 1944).
Separar todo tipo de organización patrimonialista de la administración legal y racional implica que los funcionarios para la tarea realizada “sin odio y sin pasión”, ¡he ahí la ética del funcionario público!, deban realizar algunas pruebas con éxito para ser calificados profesionalmente. A partir de allí los miembros de la asociación de dominio pasan a ser:
“1) personalmente libres, se deben a los deberes objetivos del cargo, 2) en jerarquía administrativa, 3) con competencias rigurosamente fijadas, 4) en virtud de un contrato, 5) ejercen el cargo como su única o principal profesión, 6) tienen ante sí una ‘carrera’, 7) trabajan sin apropiarse del cargo,
y están sometidos a una rigurosa disciplina y vigilancia administrativa” (Weber: 1944, p.176)
En buena medida, muchos de los conceptos no han perdido vigencia, por el contrario, de acuerdos a los nuevos tiempos pautados por la globalización y la flexibilización laboral, están cotizando al alza. En efecto, si bien, por un lado, la imparcialidad, la legalidad y el sometimiento a los representantes políticos de la población influyen positivamente sobre la ciudadanía debilitando el poder arbitrario y discrecional, y por otro lado, cierta centralización de las actividades junto al sistema meritocrático favorecen el rendimiento burocrático; no podemos olvidar los cuestionamientos iníciales y desechar la búsqueda de innovaciones (Fuentes, Güemes e Isaza: 2009, p.65).
No sería justo desconocer la incorporación de algunas novedades importantes de la NGP relacionadas a la competencia, empero, hay otros tantos elementos que lo asemejan a la administración tradicional. Es en este punto donde el análisis se vuelve harto complejo teniendo en cuenta que la burocracia de ciertas regiones ni siquiera se han aproximado a los rasgos institucionales del modelo weberiano, ya sea por el clientelismo, el patrimonialismo u otras formas de corrupción (7).
No obstante, por muy inestable que fuese la situación, ambas modalidades comparten “la misma vocación racionalizadora”, el mismo principio de efectividad, “la misma segmentación y especialización orgánica”, y “el mismo déficit de flexibilidad y comunicación” (Brugué: 2004, p.13).
Es por ello que el neoweberianismo, rescatando las “mejores” tradiciones de la administración pública, reivindica un tratamiento diferencial frente a la gestión empresarial privada, al tiempo que busca innovar respecto al clásico modelo weberiano. Entre las particularidades deseables para la nueva gestión burocrática se encuentran: a) Coordinación público-privada, b) Complementariedad de la democracia representativa con espacios deliberativos tendientes a fortalecer la democratización, c) Modernización del manejo de los recursos estatales, concibiéndose, incluso, la combinada evaluación de procesos y resultados, y d) Profesionalización y capacitación, no sólo en la racionalidad económica, sino en un amplio abanico de habilidades técnicas, sociales y culturales (Fuentes, Güemes e Isaza: 2009, p.66).
En suma, la inversión en capacidad burocrática, siempre y cuando se encuentre enmarcada dentro de un plan estratégico y esté precedida por un claro y firme liderazgo, puede propiciar la obtención de una alta rentabilidad en proporción a los costes. De lo contrario, las perdidas dejarían una huella difícil de borrar.
En buena medida, “la batalla por reequilibrar el programa de reforma del Estado dependerá, sobre todo, de la imaginación y la determinación de aquellos que comprendan mejor los dilemas que presentan las reformas ‘en el terreno de la práctiica’” (Evans:2007, p.181).
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Notas
(1) José Luis Puerta, “Muerte y resurrección del Estado de bienestar” en “El País” de Madrid. Disponible en http://elpais.com/diario/2012/01/09/opinion/1326063605_850215.html (Último acceso 23/2/2012)
(2) “EE.UU., ONG y empresarios juntos contra el delito” en “El Periódico” de Guatemala. Disponible en http://www.elperiodico.com.gt/es/20100828/pais/172358/ (Último acceso 28/2/2012)
(3) Calame y Talmant en “Reforma administrativa y capacidad estatal de conducción” de Pedro Narbondo y Conrado Ramos en Calame P., Talmant A.: Con el Estado en el Corazón, Trilce, Montevideo, 2001, p. 129.
(4) Bresser Pereira en “Reforma administrativa y capacidad estatal de conducción”, Ob.cit. p.144.
(5) Antonio Mercader, “Burocracia en la picota” en “El País”. Disponible en http://www.elpais.com.uy/09/02/04/predit_396811.asp (Último acceso 2/3/2012)
(6) Evans y Geddes en “Modernizar y democratizar la Administración Pública” de Fuentes, Güemes e Isaza. Revista Enfoques, Vol. VII N° 11, Santiago de Chile, 2009, pp. 63-64.
(7) Echebarría en “Modernizar y democratizar la Administración Pública”, ob.cit, pp. 76-77.
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Me gusta mucho lo propuesto por Flores Silva; le agregaría algunos puntos más, aunque no se como hacerlo si por ley o reforma constitucional:
36 El Estado debe dejar de prestar los servicios que presta y solo fiscalizar y regular el cumplimiento de los mismos. Permitir que el privado brinde todos los servicios dentro de un campo de competencia controlado. (No más empresas públicas)
Sí ya sé, me hablarán de la “debilidad humana” y la “honestidad” y varias otras cosas más, pero es lo que creo.
37 Cada ciudadano de este país, tiene en su poder : Cédula de Identidad, Credencial Civica, Carnet de Afiliado a…. Sociedades Médicas, Clubes, de Crédito/Débito, etc.. Con todo el avance tecnológico creo que es posible crear una base de datos donde esten todos los habitantes del país, donde se lleven registrados todos su datos: Domicilios, familiares relaciones familiares, trabajo, estudios, etc., incluso informes médicos, y cosas que (creo que habría que definirlas muy bien) puedan ser útiles para facilitar toda clase de gestión de las personas. Además creo que esto facilitaría la eliminación de una cantidad importante de oficinas y servicios duplicados. En cada Organismo existe una “División Salud”, cuya tarea es “controlar las inasistencias por enfermedad”, no sería posible que ASSE se hiciera cargo de todas. Todos tienen una “División Personal”, donde las quejas son que se ingresa por “concursos arreglados”, “falta de personal”, de “personal calificado”, etc.. La Oficina Nacional de Servicio Civil, debería ser la única responsable del tema Funcionario Público, creo que se debería recurrir a ella en todos los casos.
En resumen: si se gastan millones de dólares en cosas que muchas veces no sirven para nada, por qué no hacer una inversión que puede arrojar una ahorro muy importante a las arcas del Estado y mejorar la información general, de esta forma tendríamos un censo por día y no demorar tres meses para abrir una caja de Pandora.
NUESTRO COMPROMISO REPUBLICANO
35 reformas republicanas para construir, nuevamente, un pequeño país modelo
La base de este documento elaborado por Manuel Flores Silva fue publicada por la revista Arena en 2010; esta versión se repartió entre compañeros colorados el 20 de agosto de 2011 y días después se le entregó a la Secretaría 7, República, donde luego el autor fue invitado a exponerlo. En la primer quincena de noviembre se presentará al Congreso Ideológico el documento final, con bastantes agregados (por lo menos 10 más)
35 REFORMAS REPUBLICANAS
REFORMAS EN LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN EL PODER LEGISLATIVO Y EN EL PODER EJECUTIVO (progreso de la ciudadanía política).
1.- División de Montevideo en 18 distritos para la elección de Diputados.
El llamado “efecto lista” determina que los ciudadanos no sean quienes eligen a los diputados de Montevideo, sino que más de la mitad de ellos son elegidos del tercer lugar de las listas para abajo. Es decir los eligen quienes que hacen las listas y no los ciudadanos, puesto que nadie vota –en una hoja sábana que incluye el senado- por el tercer, cuarto o quinto candidato a diputado. Es por eso que los montevideanos no conocen los nombres de sus diputados. Es necesario acercar al representante con el representado –por lo menos que se conozcan- y que la legitimidad del sistema parlamentario radique en que se elija de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Así se defenderá incluso el prestigio del Parlamento. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL .
2.- Regionalización del Senado en 7 regiones en el país
En general, en sistemas comparados, los Senados representan jurisdicciones diferentes a los diputados. En Uruguay, los diputados terminan, gracias al tercer escrutinio, representando la proporción nacional, igual que los senadores, de modo que se repiten las representaciones en ambas cámaras. Por otra parte, el centralismo “montevideaniza” al Senado. Es necesario descentralizar el Senado y acercarlo a los ciudadanos. Por eso hay que regionalizarlo, que existan senadores representando a todas las regiones del país al mismo tiempo que su elección dependa de los ciudadanos de cada región del país y no meramente de las cúpulas montevideanas. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.
3.- Sistema proporcional integral en las Juntas Departamentales
En los órganos deliberativos de las Intendencias, las Juntas Departamentales, el sistema electoral le entrega la mitad más uno de los ediles al partido mayoritario y solo el resto de las bancas se divide según representación proporcional. Es un resabio del sistema electoral previo a la reforma constitucional de 1918, la representación proporcional de las minorías o la representación proporcional no integral. Esa mayoría automática en las Juntas Departamentales exagera el poder de los Intendentes y evita un mejor control de su gestión. Debe irse a la representación proporcional integral en todas las bancas de ediles. Las que por otra parte deben ser menos. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.
4.- Descentralización económica y de gestión. Transferencias de tareas y recursos desde el gobierno nacional y desde las Intendencias hacia los municipios.
La descentralización de recursos es la clave de la descentralización misma. Sin descentralización de recursos, la descentralización es una ficción. Se ha avanzado en este aspecto en lo referente a las Intendencias, que tiene recursos propios, pero se está en cero en las Alcaldías. Hay que traspasarle funciones y recursos. Si ello no se hace se va a repetir el fracaso de descentralización montevideana. Es decir, hay dos motores ideológicos de la descentralización: la desconcentración del poder y la mejora de la gestión al acercarla al ciudadano y al contar con su orientación y su control más afinados. Esas son las claves de la democracia local, hoy por hoy el nivel más prestigioso de la democracia a nivel comparado. La experiencia de descentralización de Montevideo ni mejoró la gestión –todo lo importante se sigue haciendo centralmente–, ni desconcentró poder: por el contrario, se generó más poder para apoyar al poder central. La modernidad de la gestión pública necesita más democracia local y más descentralización. REQUIERE LEY
5.- Establecimiento de un sistema de gobierno semipresidencialista, donde además del Presidente, Jefe de Estado, exista un Primer Ministro, Jefe de Gobierno, en encarne consensos nacionales de cambio capaces de establecer políticas públicas de largo alcance.
El presidencialismo latinoamericano ha sido la más de las veces la encarnación del caudillo, sustituto por su parte del todopoderoso virrey colonial. Se adecua frecuentemente a un mercantilismo prebendario propio de concesiones de favor a privados a cambio de fortalecer al caudillo. Ese pacto entre el cacicazgo político y los poderes fácticos económicos se ha escondido detrás del presidencialismo latinoamericano. El presidencialismo latinoamericano es, a nivel comparado en el mundo, el presidencialismo con Presidente más fuerte en cuanto es sobre quién se ejerce menos control. El presidencialismo tiene, de común, dificultad para la formación de mayorías parlamentarias estables –y capaces de hacer reformas profundas- en sistemas multipartidistas como los latinoamericanos. Las coaliciones que se forman son inestables, razón por la cual, se ha propagado en buena parte de la Europa tradicionalmente democrática y en casi toda la Europa antes soviética, el semipresidencialismo, donde por un lado el Jefe de Estado es electo popularmente y el Jefe de Gobierno o Primer Ministro es electo por el Parlamento como representación viva de la coalición que le dará gobernabilidad al sistema. Uruguay entró al multipartidismo hace 15 años y precisa modificar su presidencialismo. Las coaliciones en el presidencialismo son esporádicas y oportunistas. Otorgan gobernabilidad en gotas que no permite grandes cambios. En el semipresidencialismo son comprometidas y capaces de generar políticas públicas de Estado. Hace mucho que Giovanni Sartori lo ha recomendado para América Latina pues promueve la cultura y el compromiso de las coaliciones dándole estabilidad a las políticas públicas. SE REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.
REFORMAS DEL PODER JUDICIAL (progreso de la ciudadanía cívica).
6.- Elección y ascenso de los jueces por concurso.
Lo usual en el mundo, no en Uruguay en que los jueces lo son de designación directa y así también son ascendidos. En algunos países importantes, incluso, los jueces son elegidos por votación popular, como quería Batlle y Ordóñez para los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, según estuvo siempre en el Programa Batllista mientras vivió Batlle. REQUIERE LEY.
7.- Creación de Tribunal Constitucional
Órgano de jerarquía en lo que le es específico, a punto tal que suele poder interrumpir, en algunos países, el mismo proceso de formación de las leyes. Usual en Europa y ya vigente en la región en Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala, etc.. La elección de sus miembros es más exigente, comúnmente, que la de los propios Ministros de la Suprema Corte. El derecho constitucional es un derecho específico que requiere una gestión especializada dentro del Estado. Uruguay se distingue por ser el país que menos declara inconstitucionales leyes en toda la región y, por cierto, no es porque no las haya. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.
8.- Creación de Consejo de la Magistratura
Órgano que rige el presupuesto judicial y la carrera judicial. En otras palabras la administración del Poder Judicial. Junto con la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo suelen formar la cúpula del Poder Judicial. Es usual en Europa y en la región está vigente en Colombia, Argentina, El Salvador, Perú, Dominicana, Paraguay, en cierta forma en Brasil, etc. Este órgano en ningún lugar es sustituido por Ministerios de Justicia, que donde existen no administran el Poder Judicial que debe ser autónomo en una democracia. Una cosa es redactar las sentencias judiciales y otra cosa es la administración de Poder Judicial: requieren expertizajes diferentes. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.
9.- Salas especializadas entre los Ministros de la Suprema Corte de Justicia
El promedio de Jueces en las Supremas Cortes de Justicia de América Latina es de 16 miembros (además de las Cortes Supremas de las provincias o Estados donde hay federalismo por el gran tamaño de los países, de manera que se repiten las instituciones que encabezan al Poder Judicial). Ello ocurre porque las SCJs funcionan en salas especializadas de civil, penal, laboral, familia, etc. Es decir, la cúpula de los poderes judiciales -sin contar con los organismos de Contencioso Administrativo- en América Latina tiene alrededor de 30 Ministros (Suprema Corte más Tribunal Constitucional más Consejo de la Magistratura). En Uruguay, solo 5. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.
10.- Separación de los Fiscales de su dependencia del Poder Ejecutivo
No hay ninguna democracia de América Latina donde exista la barbaridad de que los fiscales dependan del Poder Ejecutivo como en Uruguay. En 9 de los 18 países el Parlamento elige al Fiscal de Corte sin que el Presidente participe de modo alguno en el proceso de selección y elección del Fiscal de Corte. En sentido contrario, la pasada administración instauró al interior del Ministerio de Cultura entidades de control de los fiscales. La modalidad uruguaya viola la separación de poderes en el proceso judicial. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.
11.- Modificación garantista del sistema penal acusatorio propuesto.
Juicio oral, Juez neutral que no ha participado en la indagación, iguales derechos del fiscal (que investiga bajo control de un juez de garantías) y de la defensa, determinan una Justicia más ecuánime y más rápida. La propuesta uruguaya, la que ya es ley suspendida y la propuesta actual que instaura este procedimiento, adolece de falta de garantismo pues mientras los fiscales dependan del Poder Ejecutivo no hay garantismo posible. Los casos de sistema acusatorio y oral en Chile, Perú y Colombia se han desarrollado con éxito, basándose en la independencia de fiscal y en la existencia de un juez de garantías además del juez de la causa. Han logrado, por ejemplo, que solo una cuarta parte de los detenidos no tengan sentencia, al revés que en los demás países en que tres cuartas partes de los detenidos no tienen sentencia. REQUIERE LEY
12.- Creación de la Policía Judicial
En Uruguay se confunde los roles policiales de auxiliar de la justicia y guardián del orden. La especificidad de la primera tarea requiere una Policía especial particularmente en determinado tipo de delitos. REQUIERE LEY
13.- Creación de Jueces de Cárceles o de Ejecución.
REFORMAS PARA LAS GARANTÍAS CIUDADANAS. (progreso de la ciudadanía cívica).
14.- Defensor del pueblo
Su función es garantizar la vigencia de los derechos y libertades de los ciudadanos. Existe en 16 de las 18 democracias de América Latina, en una se está instaurando y solo falta Uruguay. Rige en buena parte de Europa. En todos los casos ese instituto está en la órbita del Poder Legislativo, salvo en Colombia en que depende del ministerio público independiente y es elegido por el senado de una propuesta de la Corte Suprema de Justicia. Esta institución se encarga de que se respeten realmente los derechos ciudadanos y los derechos humanos, caso a caso. REQUIERE LEY (o reforma constitucional)
15.- Reforma de las leyes de Acceso a la Información (ley Nº 18.381), de Habeas Data para la protección de datos personales, (Ley Nº 18.331) de Tecnología de la Información y del Conocimiento (Ley 18.362) y Promoción y Defensa de la Competencia (Ley 18.159) para darles mayor autonomía y hacerlas cumplir el rol que les cabe en el moderno garantismo.
El Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (3 miembros), el Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (3 miembros), el Consejo Directivo Honorario de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) (5 miembros) y la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (3 miembros), son todos ellos, los 14 nombrados por el Poder Ejecutivo. Por su propia naturaleza -y el nuevo orden garantista que se está creando en el mundo- estos órganos tienen que tener autonomía total, presupuesto independiente y velar por sus cometidos vigilando para empezar al Estado. Son cargos que tienen que tener venia del Senado, jerarquía institucional y figurar en la órbita de otros poderes que el Ejecutivo (Legislativo o Judicial) o ser independientes de todo poder, pero jamás dependiendo de la Presidencia de la República como en el presente. Justamente, estos órganos tienen que controlar al Poder Ejecutivo y ningún orden republicano puede poner al controlador bajo la órbita del controlado. En estas instituciones que forman parte de los nuevos Poderes Garantistas Emergentes tienen que haber directivos designados por el Parlamento, por el Poder Judicial, por iniciativa del área académica, del sector privado y de la sociedad civil a través de propuestas que pasen todas por el Poder Legislativo y sus mayorías especiales. Además de no tener autonomía, al contrario de lo que es de orden en el resto de América Latina, se establecen en estas leyes algunos elementos que las hacen restrictivas. Por ejemplo, en la ley de acceso a la información se incorporan reservas amplias de información no accesible durante 15 años, prorrogables ad infinitum. En general las reservas de información no accesible se limitan a temas de seguridad nacional. La ley uruguaya agrega bajo reserva todo lo que pueda “Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país”. Es decir, cualquier cosa tiene reserva y no se brinda al ciudadano. Por otro lado, los tiempos previstos de aplicación de la ley para la implementación de sitios web por parte de todas las oficinas del Estado, la clasificación de la información, la desclasificación de la misma -todo lo cual debería estar pronto en octubre de 2010- se retrasó cinco años por parte de la actual administración, eliminando las sanciones a quienes no cumplan con la ley. La ley de acceso a la información eliminó, también, entre los sujetos obligados a dar la información a las empresas privadas concesionarias de un servicio público, las cuales estaban incluidas lógicamente en el proyecto original que manejó el Parlamento. REQUIERE LEY
16.- Consejo de la laicidad.
La recuperación de una educación laica es un requisito republicano básico. Deben crearse instituciones de la más alta jerarquía, con venia del Senado incluso para elegir sus directivos, que vele por una enseñanza respetuosa de las diferentes vertientes de ideas que existen en el país. La enseñanza debe ser un campo ajeno a las luchas partidarias, tal como lo fue en el país del éxito, que construyó a través de los pesos y contrapesos de la república el Estado del Bienestar. Es obvio que falta el contrapeso institucional al desborde de la partidarización política de la educación. Ese Consejo tendrá que ver con la garantía laica en los programas, en los textos y en la actuación de los profesores y maestros. La laicidad del Estado debe formar parte del consenso nacional básico entre los partidos políticos. REQUIERE LEY
REFORMAS PARA LAS GARANTÍAS CIUDADANAS (progreso de la ciudadanía social)
17.- Jerarquización de las entidades reguladoras (URSEC, URSEA, etc.).
Estos órganos son fundamentales para la democracia actual. Son los que arbitran precios y calidades entre los productores y concesionarios de servicios públicos y los ciudadanos. Al establecer precios y calidades dirimen qué renta va al productor o concesionario de los servicios y qué renta deriva en mejores precios y calidades. Son entidades básicas para que la democracia no acumule rentas en pocas manos sino que distribuya rentas y poder a favor del ciudadano. La calidad regulatoria chilena, por ejemplo, explica buena parte de la notable baja de la pobreza en ese país en los últimos 20 años.
En realidad en América Latina existe muchas veces más mercantilismo (alianza entre el virrey, caudillo, Presidente o Ministros con un concesionario, en beneficio de ambos para hacerse de la mayor parte de la renta y confiscar así precios y calidades al ciudadano) que capitalismo regulado (como en los países desarrollados). Se necesita pues un Poder Regulador muy fuerte para terminar con la alianza entre poder político y poder económico privilegiado en contra de los ciudadanos comunes. El capitalismo central se apoya en estas entidades reguladoras para ser distributivo. Que la economía de competencia sea transparente y no se ampare en los mil mecanismos que existen para hacerla opaca. El capitalismo perisférico no le da fuerza a esas entidades reguladoras, por eso no es distributivo. La tendencia actual en Uruguay, sin embargo, ha apuntado a debilitar el poder de las entidades reguladoras. Cuando las regulaciones son malas el ciudadano paga la cuenta y particularmente el ciudadano de menos recursos. Los servicios son caros y de baja calidad. Esto afecta más a los tomadores básicos de servicios públicos, a los ciudadanos menos pudientes. Una mala regulación no es otra cosa que una transferencia de dinero de los ciudadanos con menos recursos a las empresas más pudientes. El fortalecimiento de las entidades reguladoras es el único mecanismo para eliminar los resabios mercantilistas y apuntar hacia una economía social de mercado. Es uno de los principales resortes distributivos del mundo desarrollado.
El Poder Regulador está en el centro del republicanismo moderno porque defiende a los ciudadanos de los monopolios privados o públicos así como de todo abuso económico. El poder regulatorio por encima del Estado empresario y por encima del privado empresario, pone las garantías del ciudadano consumidor por arriba de cualquier interés particular. En ese sentido se podrá decir que el desarrollo del poder regulatorio representa un momento en que claramente el concepto de república sobrepasa y se impone sobre el Estado. Las entidades reguladoras son grandes proporcionadoras de información, de los costos reales, de los costos comparados en la región, de los costos comparados en el mundo, de la calidad de los servicios. Deben ser los ojos y los oidos de los ciudadanos. Nos dicen, por ejemplo, cuánto es el costo de las empresas del Estado y cuál debería ser el costo. Miden, en suma, el desempeño de los directores de las empresas públicas.
Sus miembros tienen que tener más jerarquía institucional que la que tienen sus órganos regulados –las empresas públicas, por ejemplo-, por lo menos venia del Senado y total autonomía funcional. En realidad, el sistema de elección de los miembros de las reguladoras debería tener un requisito de mayoría especiales del Senado mayor que el de la designación de Entes Autónomos (que caen bajo la competencia de las entidades reguladoras), así como un sistema de incompatibilidades y de prohibición del ejercicio de la actividad política más severo que los directores de las empresas públicas.
La República moderna ha creado Poderes post Montesquieu y emergentes, básicamente el Poder Regulador, el Poder Garantista (Defensor del Pueblo, Tribunales defensores de la competencia, etc.) y el fortalecimiento del Poder de Contralor o Contralarías de Cuentas. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.
18.- Defensa del ciudadano consumidor frente a las conductas anticompetencia de mercado.
Evitar la competencia es una actitud empresarial frecuente que perjudica los precios y las calidades de los productos que se le ofrecen al público. La mejor competencia beneficia a los ciudadanos y evita que agentes con poder de mercado, individual o conjunto, perjudiquen dicho interés público atentando contra la libertad económica de terceros. Así, entre otras conductas, se debe prevenir a la economía de Abuso de posición dominante, de las Restricciones a la competencia, de la Competencia desleal, de las Operaciones de concentración. Las fallas del mercado atacan la libre competencia, por ejemplo, el reparto de mercado, las limitaciones de la producción, el reparto de cuotas de producción, las licitaciones colusivas, abandono de los estándares de calidad, incumplimiento de las coberturas y penetraciones acordadas para los servicios básicos, imposición de barreras a la entrada de nuevas empresas a un mercado dado, acuerdos o carteles entre competidores para fijar precios, fusiones dominantes.
Hay dictada una ley sobre el punto, pero mucho más tímida que las que hoy se instauran en el mundo. En Chile, por ejemplo, existe la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Competencia que directamente dirimen judicialmente sobre los casos de violación de la competencia mediante fuertes sanciones que pueden alcanzar hasta los 20 millones de dólares. Ese es el camino institucional. REQUIERE LEY
19.- Reforma educativa
Deberá procederse a reformas institucionales que permitan nuevos modelos de gestión y descentralización territorial de la gestión. Universalización en las áreas necesarias de las escuelas y los liceos de tiempo completo. Nuevos modelos de evaluación. Modelos de calidad educativa. (reformas en la preparación docente, en los textos de estudio y en los programas, en la construcción de la comunidad docente estable por centro de estudio). Modelos de igualación de oportunidades. Políticas especiales (mayores horarios, mayores salarios docentes, alimentación, trabajo liceal pago de los educandos, recuperación permanente) en los centros educativos situados en contextos sociales deficitarios. Educación en valores.
REFORMAS EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA. (progreso de la ciudadanía social).
20.- Creación de un Departamento de Asuntos Internos en la Policía Nacional con importante cantidad de Policía Ejecutiva.
En toda Policía donde no exista Asuntos Internos eficaz, existirá corrupción policial, la cual perjudicará no solo a la población sino también a la Policía honesta convirtiendo a la institución no en auxiliar de la Justicia sino en auxiliar del delito. No es posible, por ejemplo, que todo el barrio –en todos lados- sepa donde están las bocas de venta de pasta base y la Comisaría no lo sepa. REQUIERE DECRETO O LEY
21.- Desarrollo de políticas públicas de envergadura en cuanto la Policía de Proximidad y a la Saturación Policial en zonas de alto índice delictivo.
Estas políticas están en el abc de la seguridad pública. El delito se ha disparado en los últimos años y las políticas públicas que el país desarrolló con éxito hace 90 años, como las mencionadas, no aparecen. La proximidad deberá recurrir a las terminales, kioscos policiales o subcomisarías, así como a los modernos sistemas de cámaras distribuidas por la ciudad como se está implantando en todas las capitales importantes, aún de nuestra región. La saturación no puede ser algo puntual que pasa cada muchos años. Las comisarías, según el criterio que se desarrolló en los años 20 deben estar en los lugares donde se genera el delito. Es indispensable crear 50 comisarías en los barrios marginados. La policía debe saber más de los que delinquen que de las víctimas, situación a la que induce el mapa de comisarías actuales. Como hace 90 años, se debe diseñar el aparato geográfico policial según el mapa donde se origina el delito.
22.- Instituto de Rehabilitación de detenidos
El país abandonó una política de rehabilitación de detenidos real desde la gestión de 40 años de Juan Carlos Gómez Folle. Esto es un tema presente en todo programa político, acuerdo nacional, seminario de ONG, pero el Estado no sabe como hacerlo. El país del éxito lo hice mediante “la guardia blanca”, es decir la intensiva educación en oficios.
23.- Instituto de Rehabilitación de Adictos.
No existe una política pública estatal contra la principal enfermedad actual de los ciudadanos –las adicciones a diferentes estupefacientes, principalmente la pasta base- y la que más impacta sobre el resto de los ciudadanos. Es una omisión inentendible. Obviamente no todos los casos son similares, pero frecuentemente un ciudadano con hambre, con frío, con marginación social, familiar y educacional recurre al estupefaciente para mitigar su hambre, su frío, su exclusión y ello lo inserta en un ciclo que lo destruye y lo convierte en una amenaza para la sociedad. La rehabilitación es larga y costosa, pero el Estado no puede estar ausente a un problema que afecta a decenas de miles de ciudadanos y que está creciendo.
REFORMAS POR LA TRANSPARENCIA PÚBLICA. (progreso de la ciudadanía cívica).
24.- Junta anticorrupción fuera de la órbita del Poder Ejecutivo.
En Uruguay absurdamente depende del Poder Ejecutivo -el fiscalizador depende del fiscalizado- y tiene poco poder de hecho y de derecho. Hay que sacar a la llamada Junta Anticorrupción de la órbita del Poder Ejecutivo para que sea eficaz realmente y su nombramiento debe requerir venia del Senado. Se deben modificar las condiciones actuales según las cuales la Junta no puede recibir denuncias ni puede investigar. REQUIERE LEY
25.- Más poder al Tribunal de Cuentas.
En toda América Latina el fortalecimiento de los órganos de contralor de las cuentas públicas es tal que cabe incluirlo entre los poderes emergentes. En Uruguay se “observa” por ilegales, entre otras causas, miles de casos por año, pero el Poder Ejecutivo “reitera el gasto” y la Asamblea General no se reúne nunca a dirimir los casos. Antes, por lo menos, las “observaciones” de gran cuantía se atendían. Ahora no, se reitera el gasto aunque se trate de centenas de millones de dólares. Los fallos del Tribunal de Cuentas no pueden ser ignorados, sencillamente. Es necesario que el Tribunal de Cuentas sea más autónomo, asimismo, del poder político. En Colombia, los Ministros del Tribunal, por ejemplo, son elegidos por el Parlamento de una lista de candidatos presentados por el poder judicial. REQUIERE LEY
26. Control público a través del Tribunal de Cuentas de todas las sociedades anónimas donde participe el Estado así como de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. REQUIERE LEY.
27.- Reforma de la ley de financiamiento de los partidos.
Las leyes de financiamiento de los partidos en todos lados establecen, para evitar la corrupción, y para lograr la independencia de los partidos respecto de los grandes grupos económicos, el control de los aportes privados a los partidos. Es un sistema. 1.- La donaciones tienen que ser limitadas en la cantidad, 2.- ser nominales y no anónimas, 3.- ser públicas y no reservadas, como toda la contabilidad de los partidos 4.- estar auditadas públicamente y 5.- que haya severas sanciones a la violación de la normas. Además las leyes de financiamiento de los partidos establecen de común el otorgamiento a los partidos de publicidad gratuita en los medios audiovisuales durante la campaña electoral, reglada con criterios tales que hacen innecesaria la contratación privada de los candidatos en los medios audiovisuales. En Uruguay la ley no cumple con ninguno de los 5 requisitos mencionados, ni tampoco con la publicidad gratuita, convirtiendo cualquier comicio en una oportunidad de compromisos entre los dirigentes políticos y los grandes poderes económicos y audiovisuales. La publicidad gratuita en espacios centrales y abundantes rige en países que representan el 85% de los ciudadanos de América Latina (México, Argentina, Brasil, España). La prohibición de publicidad privada en los medios audiovisuales rige en países que representan el 70% de los ciudadanos de América Latina. En 14 de las 18 democracias de América Latina la ley establece sanciones pecuniarias a los partidos que infrinjan la ley de financiamiento. En 9 países las sanciones alcanzan también a los candidatos. En 6 países las sanciones involucran a los donantes. En 8 democracias la ley establece específicamente sanciones penales. La transparencia política, en suma, debe ser una construcción institucional. La legislación uruguaya es la que menos aprobaría, por ejemplo, los estándares legales exigidos por la Comisión europea de fiscalización de las legislaciones sobre financiamiento de partidos. SE REQUIERE LEY.
28.- Más poder a las Comisiones Investigadoras del Parlamento.
El arco de control social del poder está integrado más modernamente, entre otros, por la Justicia, la prensa, los poderes autónomos (tribunales de cuentas, el defensor del pueblo, las entidades reguladoras), las comisiones investigadoras de los parlamentos. En Uruguay todos esos actores están debilitados, sin embargo. El legislador sostuvo siempre que no era necesario dotar de más poderes a las Comisiones Parlamentarias de Investigación, puesto que los demás actores del arco de contralor social eran fuertes. Ahora no solo ellos se han debilitado sino que los mecanismos de corrupción se han sofisticado, por lo cual es necesario que esas Comisiones Investigadoras parlamentarias tengan presupuesto propio, capacidad de obligar a la concurrencia de los testigos, investigadores profesionales, etc.. SE REQUIERE LEY.
29- Servicios de Inteligencia controlados por el Parlamento.
Actualmente se ha concentrado en un solo cargo la dirección de todos los Servicios de Inteligencia del Estado. Además, el actual gobierno ha sostenido que quién ocupe ese cargo no debe rendir cuentas ni siquiera al Poder Ejecutivo que integra. Un poder descontrolado asume así poder para inmiscuirse en la vida de todos los ciudadanos, en una óptica antirrepublicana de sociedad controlada por un controlador no controlado. Por el contrario ese cargo debe tener venia legislativa en su nominación y debe rendir cuentas regularmente ante el Parlamento que deberá crear una Comisión de seguimiento de sus actividades. Así es en el mundo desarrollado. REQUIERE LEY.
30.- Autonomía de la Dirección de Estadísticas y Censos.
No puede depender del Poder Ejecutivo una oficina que le debe a la sociedad y a la economía datos que le son vitales y que nada pueden tener que ver con las necesidades de propaganda gubernativa. REQUIERE LEY.
31.- Autonomía de la Oficina de Servicio Civil.
Los ingresos a la administración solo deben ser por concurso. Para que ellos sean serios deben centralizarse los concursos de todo el Estado en la Oficina que corresponde, la que deberá brindar las garantías necesarias. Deben eliminarse gradualmente, asimismo, la mayoría de los cargos de particular confianza, puesto que ha habido abuso en ese campo en detrimento de la carrera pública profesional. La política debe ser pues de derogación de los cargos de confianza política y sistemas garantistas de ingreso a la función pública. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL.
32. Autonomía de la Auditoría Interna de la Nación.
El órgano estatal de control de organismos públicos y de sociedades anónimas debe tener autonomía respecto del Poder Ejecutivo (venia del Senado, etc) puesto que el mismo tiene preeminencia en los organismos públicos –nuevamente que el controlador no dependa del controlado- así como no es bueno que sea el Poder Ejecutivo el que tenga el control de las sociedades privadas.
33.- Legislación que ampare y desarrolle las organizaciones de la sociedad civil, actor fundamental en la canalización de intereses en la sociedad actual y en la transparencia pública..
Hoy la lógica deliberativa en el seno de la sociedad encuentra nuevos espacios. La llamada sociedad civil organiza activismo social en áreas como la defensa de los derechos del consumidor, de la mujer, de la conservación del medioambiente, de la defensa social contra la corrupción, de la mejora del nivel de vida de los ciudadanos, del acceso a la justicia, de la mejora de la educación, etc.. Además, claro está, de su tarea central en las políticas sociales del país. En buena parte de Latinoamérica, además, vigila el cumplimiento presupuestal, monitorea las compras públicas, fiscaliza el cumplimiento de las promesas electorales, etc. En suma, en la sociedad moderna, la sociedad civil ha pasado a formar parte esencial del arco de control social del poder integrado, entre otros, por la Justicia, la prensa, los poderes autónomos (tribunales de cuentas, el defensor del pueblo, las entidades reguladoras), las comisiones investigadoras de los parlamentos, etc..
Los Partidos en una democracia tienen el monopolio de la voluntad política de los ciudadanos. Pero los Partidos modernos tienen que ser permeables a este nuevo sujeto social. La organizaciones de la sociedad civil instalan más fuertemente el valor de la rendición de cuentas, que no es solo económica, sino, por ejemplo, de evaluación de promesas y cumplimientos, etc.. De lo que se trata es de acostumbrar al gobernante al control social en el marco de una cultura de rendición de cuentas.
Así, la sociedad civil comienza a participar en campos más decisorios de la vida pública. Por ejemplo, en la elaboración de la lista de candidatos posibles para integrar órganos de importancia institucional (Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, Tribunal de Cuentas, etc.) participan algunas entidades la sociedad civil proponiendo sus candidatos (Colegios de Abogados, Consejo de Decanos de las Facultades de Derecho, etc.), así como lo hacen en mayor medida, naturalmente, las entidades estatales (los propios órganos existentes, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y por supuesto el Poder Ejecutivo y el propio Parlamento). De la lista total el Poder Ejecutivo, por ejemplo, elige tres de ellos y los remite al Parlamento y este elige uno por mayoría especial. Se trata así de despartidarizar la elección de algunas instituciones claves en el Estado.
La cultura de rendición de cuentas lleva por ejemplo a la Televisación en Directo de las instancias institucionales. Así por ejemplo en Perú se televisan las sesiones del Consejo de la Magistratura cuando eligen jueces de Tribunales o en México se televisan las sesiones regulares de la Suprema Corte de Justicia. En algunos lados se televisan las sesiones parlamentarias, también. La tecnología está al servicio de acercar las instituciones al ciudadano. REQUIERE LEY.
LA REFORMA DEL ESTADO.
34.- Derogación de coordinadores departamentales. REQUIERE LEY
35.- Prohibición de que los Directores de empresas públicas puedan acceder a cargos de elección popular hasta 10 años después de terminado su mandato. REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL
“Yo pienso aquí en lo que podríamos hacer para construir un pequeño país modelo, en que la instrucción sea enormemente difundida. En el que se cultiven las artes y las ciencias con honor. En el que las costumbres sean dulces y finas. Me complazco en imaginarme que podríamos crear universidades en todos los departamentos. Grandes institutos científicos y artísticos en Montevideo. Desarrollar el teatro, la literatura. Organizar los juegos olímpicos. Fomentar la riqueza nacional, impidiendo que se la lleven los elementos extraños. Prover el bienestar de las clases pobres…”
Carta de José Batlle Y Ordóñez a Domingo Arena y Pedro Manini Rios en 1908.
Supongo que las incompatibilidades en la función publica no deben estar legisladas de lo contrario no hubiesemos tenido a un Canciller, devenido en secretario de la Presidencia que seguia interviniendo como profesional en casos contra el Estado. Ese es un tema a revisar.
En cuanto a la articulación de lo publico con lo privado hemos visto el derrumbamiento de algunos tabues pues la realidad es como es y no como pretendieron que fuera durante 30 años… Considero importante promover la conjuncion de esfuerzos e intereses entre el Estado y los Privados. Igualmente sostengo que en areas principales, e incluyo aqui a la canasta básica alimentaria, el Estado debe intervenir y ser parte.
Comparto la inquietud de Beatriz, creo que se debe definir que se entiende por “Autonomo”, si la autonomía es una herramienta para fomentar la eficiencia y la eficacia en la gestión o es un sinonimo de independencia y de evasión de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas social es transferir la responsabilidad de la gestión a la sociedad, es no asumir la responsabilidad institucional. En el caso de la enseñanza el tema es mucho mas grave, porque se encuentra en competencia. Si la enseñanza publica se gestiona de forma irresponsable e ineficiente, con muy poco la enseñanza privada sobresale. Si la enseñanza publica sube su nivel de calidad y se gestiona de forma eficiente y eficaz, la enseñanza privada debe hacer un mayor esfuerzo para sobresalir y eleva el nivel general, generando igualdad de oportunidades.
Por mi parte me preocupa el rol del Estado frente a los entes de Enseñanza, incluyendo la UDELAR. Porque se habla mucho de “autonomía”, creo que lo hacen en forma errada desde los entes de Enseñanza, como si el Estado tuviera una barrera en cuanto a control o rendición de cuentas (real, no el invento de “rendición social de cuentas” que está desparramando en propaganda en rector de la UDELAR). Entonces el Estado (nosotros como colectivo) lo único que podemos hacer es pagar, poner recursos, sin medir cumplimiento de metas ni calidad del “producto”. Es un lugar en que el rol del Estado, en instituciones públicas, debe ser asumido.